- La iniciativa planteada por la legisladora establece apoyos económicos periódicos para hijos y personas con discapacidad que dependían de quienes mueran en estos hechos, además de regular la suspensión de licencias.
Daniel Angulo | La muerte de una persona en un accidente vial puede dejar sin sustento económico a sus hijos y a otros familiares que dependían de ella. Para atender esta situación, la diputada de Redes Sociales Progresistas Tlaxcala (RSPT), María Aurora Villeda Temoltzin, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado, con medidas dirigidas a proteger a las víctimas indirectas de hechos de tránsito provocados por personas que conducen bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.
La iniciativa de la congresista dada a conocer en la máxima Tribunal del estado, plantea que, cuando un delito ocasione la muerte de una persona y esta tenga hijos menores de edad o personas con discapacidad que dependan económicamente de ella, la reparación integral del daño incluirá un apoyo económico periódico para garantizar su manutención.
El monto, la frecuencia y la duración de ese beneficio quedarían a consideración de la autoridad judicial, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, las necesidades de los dependientes, la dependencia económica acreditada y la capacidad financiera de la persona responsable.
Para los hijos, el apoyo podría extenderse hasta los 18 años y, si continúan cursando estudios técnicos o profesionales de manera regular, hasta los 25. En el caso de personas con discapacidad que no puedan trabajar remuneradamente para cubrir sus necesidades, la propuesta contempla que no exista un límite de edad.
En materia de movilidad, Villeda Temoltzin también propuso regular la suspensión de licencias, permisos o autorizaciones para conducir hasta por un año cuando se detecten determinados niveles de alcohol en el aire espirado, exista un resultado positivo a drogas o sustancias psicotrópicas o narcóticos, o el conductor se niegue injustificadamente a realizar las pruebas correspondientes.
La duración de la suspensión dependería de la gravedad de los hechos, sus circunstancias y la reincidencia. Además, recuperar la licencia no sería automático: la persona tendría que cumplir el periodo de suspensión y los requisitos legales, así como aprobar evaluaciones teóricas y prácticas de conducción.
La propuesta busca fortalecer la reparación del daño para las familias afectadas y establecer medidas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Al tratarse de una iniciativa, sus disposiciones deberán seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y discusión.