El pasado 23 de julio del 2021, la gobernadora electa Lorena Cuéllar, en uno de los picos más altos de la pandemia, celebró un acto masivo con periodistas para decir que en su administración no habría medios consentidos o castigados. «Mi gobierno no premiará el halago, ni castigará al crítico, mi gobierno respetará la libertad de expresión y fomentará el debate de las ideas».
Pleno respeto a la libertad de expresión son siete palabras que las refrendaré con diversos hechos,expuso, al tiempo de comprometerse a defender los derechos de los comunicadores mediante la creación de la Unidad de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Lo curioso y se le criticó a su gobierno, pues algo en la narrativa de la mandataria no encuadra, cuando creas una oficina para atender a periodistas que son violentados en el ejercicio de sus funciones, y no son invitados ni para la cobertura.
Al acto solo fueron convidados algunos directores de medios de comunicación, (cinco a lo sumo), y los presidentes de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios (COMECOT).
La molestia de otros directores de medios se hizo evidente por el trato recibido, pero lo curioso es que se quedaron callados pese a lo que consideran una descortesía. Y de los defensores de derechos humanos, ni hablar, pues tampoco fueron requeridos a la fiesta en su honor.
La otra situación, es que el Gobierno de Tlaxcala reafirmó su compromiso de respeto a la libertad de expresión y el derecho a disentir, y sus propias palabras fueron que «Jamás permitiremos que se generalice la violencia en contra de este gremio, cuando se vulnera un periodista se lastima la libertad de expresión y a nuestra sociedad entera”.
El detalle es que dos periodistas se sintieron agredidas cuando al término de una entrevista y volver a querer abordar a la gobernadora sobre el asesinato del Director de Obras de Tlaxco, la respuesta fue que el Secretario de Gobierno Sergio González Hernández sería el encargado de hacerlo, pero el espacio reducido y la falta de logística provocó empujones con los de seguridad. Habrá que esperar si la denuncia se vuelve formal, o todo queda en lo mediático.
Posteriormente, el encargado de la política interna fue arrebatado de los reporteros que lo entrevistaban sobre diversos temas, pese a que el funcionario hay que reconocer siempre está dispuesto a atender a la prensa. Esa actitud arrogante no cayó nada bien.
Luego, funcionarios de la oficina de atención a la prensa confirmaron que no se generó invitación a todos los reporteros o medios que cubren la fuente, debido a que el lugar es muy reducido y el tema de la veda por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Podría considerarse válido sus argumentos, al ser una oficina con poco espacio, pero el hecho de invitar a pocos directivos de medios de comunicación rompe el discurso de la veda, y si alguien no tiene la capacidad de rentar un espacio grande para que al menos quienes cubren sus actividades puedan acceder o estén informados, pues no hay nada que hacer.
La otra, el flamante titular de la Unidad de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, Leonel Tlalmis si fue requerido, pero solo para sentarse y no decir ni pío, pues no hizo uso de la palabra en el acto público, y ni siquiera pudo expresar una idea de los objetivos de la oficina que va a manejar.
Insisto, no se trata de criticar por criticar, pues la mandataria Lorena Cuéllar ha tenido desde hace años un cordial trato con un amplio sector de la prensa, por lo que extraña la política actual de comunicación a un sector de este gremio periodístico, en donde la narrativa no cuadra con los hechos y el discurso.
Fue ella quien pidió en julio del 2021 a los periodistas ganarse la credibilidad social, evidenciando las malas prácticas, francos actos de corrupción o señalando errores, pero también mostrar las virtudes y actos nobles del servicio público. Al tiempo.
La última y nos vamos...El dedo en la llaga…En Twitter el diputado federal Mariano González Aguirre puso sobre la mesa la falta de designación del Secretario de Seguridad Ciudadana, y dejó el punto de acuerdo por el que la cámara baja del Congreso de la Unión exhortó al Gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fortalezca sus programas de seguridad pública, estrategias de protección a la población; así como las medidas de respeto y salvaguarda de los derechos humanos a efecto de atender, contener y prevenir el incremento de los delitos registrados en la entidad, los cuales durante la presente administración han puesto en riesgo la vida, integridad y patrimonio de las personas.Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llamó a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones auditen los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la gestión de la actual administración en materia de seguridad pública, para revisar que los recursos públicos se hayan ejercido con apego a la legislación y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales conforme a derecho procedan.
La única respuesta al hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, fue por parte del encargado del despacho de la SSC, Maximino Hernández Pulido, quien le pidió no politizar el tema de seguridad pública.
Les dejo el link. https://t.co/FudkEpXas3 pic.twitter.com/1vuGFFMciP
— Mariano González Aguirre (@MarianoGlzA) March 22, 2022
