En estos días de renovación política en Tlaxcala, hemos presenciado la llegada de nuevos alcaldes a municipios clave como Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala, Zacatelco y Calpulalpan. Desde el inicio, muchos de estos funcionarios han arremetido contra las irregularidades administrativas y financieras de sus predecesores, lo que nos lleva a cuestionar: ¿basta con señalar estos problemas públicamente o deben también tomar medidas contundentes ante las autoridades competentes?
La denuncia mediática puede parecer un primer paso necesario para poner sobre la mesa la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, cuando se trata de gobernanza efectiva, el ruido mediático sin acciones concretas puede convertirse en un mero ejercicio de palabras. Al destacar las irregularidades sin proceder a las denuncias formales correspondientes, los nuevos alcaldes no solo ponen en riesgo su credibilidad, sino que también contribuyen a normalizar una cultura de impunidad.
Los ciudadanos esperan más que discursos críticos; esperan acciones. Cuando un alcalde denuncia públicamente pero no presenta las denuncias ante las autoridades, el mensaje resulta confuso. ¿Es un compromiso real con la justicia o solo una estrategia para distraer de la falta de propuestas o planes de acción?
Esta situación refleja una falta de responsabilidad administrativa. Los nuevos alcaldes tienen la responsabilidad ética y legal de actuar con integridad y seriedad, lo cual implica no solo hablar sobre las irregularidades, sino también garantizar que sean investigadas y, si es necesario, sancionadas. Ignorar este paso crucial no solo perpetúa los problemas, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Además, esta actitud puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo en la percepción pública de las instituciones. Si los ciudadanos ven que sus líderes locales se quejan sin tomar medidas efectivas, la desconfianza hacia el gobierno solo se profundiza. En un contexto donde la legitimidad y la confianza son pilares esenciales para el funcionamiento democrático, la inacción administrativa puede ser tan destructiva como la corrupción misma.
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LA CAMINERA..La mentira del «comunicador» oficial: El silencio como narrativa…El caso de José Augusto Ramírez, ex vocero de la gobernadora Lorena Cuéllar, es un golpe directo a la credibilidad de la administración pública en Tlaxcala. El caso denunciado en medios de comunicación que ejerció un cargo de tal relevancia sin título ni cédula profesional no solo refleja deshonestidad, sino una burla hacia los profesionales que cumplen con los requisitos.
La autoridad competente tiene ahora la responsabilidad de investigar y ofrecer certeza legal sobre este posible delito federal ya que se presume que si no estuvo titulado durante los años que se ostentó como licenciado, en los lugares que laboró tuvo que proporcionar un certificado de la Universidad mismo que pudo hacer sido falso, ya que logró titularse por experiencia sin ninguna institución educativa de por medio, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar a fondo.
Sin embargo, lo más preocupante es el silencio institucional que rodea este caso. La falta de respuestas claras alimenta la narrativa de que la omisión es la norma en estos escándalos. ¿Hasta cuándo seguirá esta práctica de encubrir en lugar de actuar?
El actual vocero de la Fiscalía General de Justicia, tiene que salir a dar una respuesta que aclare la información. Callar no es la opción.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…El reciclaje político disfrazado de transformación…El anuncio de la incorporación de la alcaldesa priíista Yazmín Jiménez Rugerio a Morena Tlaxcala, no es más que otro ejemplo del típico «chapulineo» que tanto criticaron los promotores de la Cuarta Transformación. La presidenta municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, tras abandonar sus principios partidistas, ahora se presenta como parte de un “histórico movimiento social”. ¿Es realmente un compromiso con la transformación o simplemente un salto oportunista hacia el partido en el poder? Este tipo de cambios de camiseta no abonan a la democracia ni al fortalecimiento de ideales, sino a la perpetuación de una clase política que solo busca su beneficio personal bajo cualquier bandera.
