Es difícil comprender el silencio que envuelve la denuncia de Lorena Cuéllar. La gobernadora de Tlaxcala, en una reciente entrevista, reveló un hecho alarmante: “Sí, iban personas armadas que me estaban esperando”, dijo, al ser cuestionada sobre un supuesto atentado contra su vida. Y cuando la periodista Mónica Garza le preguntó por el responsable, la respuesta fue tajante: “Mariano González Zarur”. No se trata de un simple desacuerdo político, ni de una disputa por la gobernatura: estamos hablando de un presunto atentado. Un hecho de una magnitud tal que no puede ser ignorado, y mucho menos dejado en el aire de las declaraciones públicas sin que se haga nada al respecto.
¿Qué nos dice esto sobre Tlaxcala, sobre el sistema de justicia, y sobre la clase política en general? La gobernadora acusa a un exgobernador de haber intentado quitarle la vida, pero, hasta el momento, esa denuncia no se ha materializado en una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Y esto plantea una cuestión crucial: si la persona encargada de la seguridad de todo un estado no confió en su momento en una procuraduría para presentar una denuncia por un atentado contra su vida, ¿qué le queda al ciudadano común? Si una funcionaria de tan alto rango no acude a las instituciones de justicia, ¿cómo se espera que los tlaxcaltecas crean en ellas?
La omisión de una denuncia formal por parte de Cuéllar y el silencio rotundo de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala ante tan grave acusación son, sin duda, una llamada de atención. Mientras la gobernadora expone su versión públicamente, en un medio nacional, la Fiscalía permanece muda, como si las palabras de la gobernadora no merecieran más que indiferencia. Eso solo confirma lo que ya sabemos: que el sistema de justicia en Tlaxcala es incapaz de hacer frente a los desafíos que exige una democracia sólida.
Las víctimas no denuncian porque no confían en la justicia, y la gobernadora parece confirmar esa desconfianza con su propio ejemplo. Ella misma, ante un atentado que puso en riesgo su vida, no acudió a las autoridades para que actuaran en consecuencia. Al contrario, lo hace en una entrevista mediática varios años después, lo que pone en duda sus verdaderas intenciones. ¿Está buscando visibilidad? ¿Está desviando la atención de su gobierno, que atraviesa una caída en las encuestas de cara a su tercer informe de gobierno? Es una jugada política que, si bien puede tener su justificación, también deja un mal sabor de boca.
El exgobernador Mariano González Zarur, por su parte, debe ser interrogado. ¿Qué tiene que decir frente a esta acusación tan grave? Hasta ahora, su silencio es tan elocuente como el de las instituciones que deberían estar investigando este hecho. La falta de respuesta por parte de él no hace más que profundizar la desconfianza que la sociedad tiene en los actores políticos de Tlaxcala. ¿Por qué no sale a desmentir lo dicho por la gobernadora? ¿Acaso su silencio habla más fuerte que sus palabras?
Lo que comenzó como una disputa política entre Cuéllar y González Zarur ha escalado a un nivel mucho más grave, uno en el que las vidas de los involucrados parecen ser solo piezas de un juego de poder. La denuncia pública de Cuéllar es solo la punta del iceberg en un problema mucho más profundo: la inseguridad y la impunidad que corroe el tejido social y político de Tlaxcala.
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LA CAMINERA…Todo comunica…El silencio que rodeó el operativo en Apizaco es, sin duda, alarmante. A pesar de la participación de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, tanto la Fiscalía General de la República como las autoridades locales han optado por guardar silencio. Este vacío informativo genera una creciente desconfianza en la ciudadanía, que tiene derecho a conocer los detalles de lo sucedido, especialmente cuando se trata de operativos relacionados con lo que se ha negado todo el tiempo, el crimen organizado. Las autoridades deben entender que la opacidad solo fortalece la percepción de que no hay una voluntad real de enfrentar el crimen de manera efectiva. La falta de claridad en la información es una falla grave, que solo contribuye a la incertidumbre y a la desconfianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los tlaxcaltecas.
Si fue un acierto, ¿Por qué callar?
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…La narrativa de los nuevos impuestos en Tlaxcala: ¿Quién comunicó mejor?
En Tlaxcala, la reciente discusión sobre los impuestos ha provocado una fuerte polarización. La versión de partidos y miembros del PRD y PRI, sobre el aumento en costos de diversos trámites y derechos, generó un rechazo por considerar que estos cambios afectarán gravemente a las familias más vulnerables.
Por otro lado, la Secretaría de Finanzas, a través de su titular, David Álvarez Ochoa, ha respondido aclarando que no se están creando nuevos impuestos ni incrementando los existentes. Según la Sefin, las modificaciones aprobadas solo se refieren a una actualización de derechos, con ajustes modestos en ciertos servicios. Además, subrayaron que la base gravable no ha cambiado, destacando que el impacto económico de estas actualizaciones no será desproporcionado.
La respuesta del gobierno estatal busca calmar las críticas, presentando un enfoque más técnico y centrado en la sostenibilidad financiera del estado, pero la ausencia de una comunicación más clara en el momento adecuado, junto con el tono defensivo, deja espacio para la incertidumbre y el cuestionamiento. En contraste, la narrativa de «nuevos impuestos» ha logrado una mayor visibilidad, apelando directamente a los ciudadanos al resaltar las consecuencias negativas para la economía popular. Así, mientras el gobierno defiende su postura técnica, el debate sigue centrado en si se prioriza el bienestar de la ciudadanía o la necesidad de ajustes fiscales.
