Pese a que el gobierno de Lorena Cuéllar se ufana de ser transparente, hay temas en la agenda pública que revelan todo lo contrario.
Uno…La denuncia pública de presuntos cierres irregulares de centros de verificación vehicular, publicada por el diario nacional El Universal. Un grupo de empresarios se quejó de posibles clausuras fabricadas, procesos legales abiertos y ninguna evidencia para afectar a centros de verificación y, por otro lado, permitir la apertura de nuevos espacios para expedir engomados que –recordaron– tienen validez en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
En un escrito de denuncia, lamentaron que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAET), encabezada por Iván García Juárez, lleve a cabo clausuras supuestamente por irregularidades que están en duda. Dicen que este personaje se siente protegido por ser de la legión morelense.
Como ejemplo, mencionaron la reciente clausura de tres centros de verificación en el municipio de Apizaco, a los cuales se les impidió seguir verificando automóviles y entregando calcomanías válidas en toda la zona metropolitana de la capital del país. Y, en esa misma ciudad, señalaron que curiosamente abrió un nuevo centro de verificación que no exhibe número consecutivo de autorización de funcionamiento.
Ante las presuntas irregularidades, hicieron un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que tome conocimiento e intervenga de manera directa, revisando los expedientes y verificando el actuar de algunos de sus funcionarios.
Dos… La lista de nuevos notarios públicos permanece como un secreto de Estado. Se sabe que este proceso incluyó un curso de capacitación impartido por la empresa poblana VALUARE, con duración de tres meses y un costo de 69,600 pesos por participante. La capacitación concluyó el 25 de julio y se anunció que en agosto se publicaría la lista de aprobados en el Periódico Oficial del Estado.
El proceso ha sido fuertemente cuestionado por su falta de transparencia, ya que ni siquiera los aspirantes conocían quiénes eran sus competidores.
Se ha señalado la existencia de «amiguismo» e «influyentismo», pues los nombres de los seleccionados eran conocidos únicamente por la gobernadora y su secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.
Solo se filtró que tres funcionarios estatales serían los nuevos notarios: Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Maximino Hernández Pulido, titular del SESESP; y Marco Tulio Munive Temoltzin, secretario de Movilidad, entre otros nombres.
La pregunta obligada: ¿Qué oculta la administración de Lorena Cuéllar?
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LA CAMINERA...El vocero callado…En Tlaxcala, el silencio también habla. Y a veces grita. El gobierno presume transparencia, pero cuando se trata de las camionetas blindadas, todo se vuelve un misterio. ¿Quién las usa? Nadie sabe. Lo único cierto es que los datos fueron reservados hasta 2030, como si fueran secretos, dignos de una novela de espionaje.
Diez unidades adquiridas en la sombra. Diez blindajes que no protegen al gabinete de seguridad, sino al gabinete familiar. Un lujo disfrazado de necesidad, una burbuja de cristal rodante que revela más de lo que oculta: miedo, opacidad y la vieja costumbre de esconder la información incómoda bajo llave.
Mientras tanto, el vocero calla. Y su silencio retumba más que cualquier declaración. Ojalá, hoy en su mañanera de diálogos lleve bajo el brazo la lista y los criterios para asignarlas.
Si quiere ser abierto con los convenios publicitarios, puede comenzar por las blindadas del Bienestar.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…¿Y el prófugo, apá?…Dicen que en los pasillos del poder o en la mesa de seguridad, se tejió la promesa: “no se va, yo me lo llevo conmigo”. Un funcionario de alto nivel del gabinete de seguridad juró que el ex titular de los Ceresos estaría bajo control. Lo acomodó en su equipo, lo arropó con cargo y confianza, convencido de que así lo tenía seguro.
Pero la realidad se impuso: el hombre se les peló. Nadie sabe cómo se enteró de que sobre su cabeza pesaba una orden de aprehensión. Lo cierto es que desapareció justo cuando más lo necesitaban frente a la justicia.
Ahora, el lenguaraz servidor público que lo protegió tiene días para hacer lo que no pudo en meses: aportar información que lleve a su captura. Porque aquí la pregunta ya no es si lo encuentran, sino de verdad quieren encontrarlo.
