- La diputada panista afirmó que revisaría la legalidad, transparencia y destino de las 10 unidades adquiridas por más de 56 millones de pesos; además, consideró injustificado que los gobernantes utilicen vehículos blindados en un estado que todavía puede considerarse seguro.
Mariana LOVERA // La polémica por las camionetas blindadas adquiridas durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros volvió a colocarse en el debate político rumbo a la elección de 2027.
Como parte de un ejercicio periodístico de la Bestia Política para conocer la postura de quienes podrían buscar la gubernatura de Tlaxcala, la diputada local del PAN, Miriam Martínez Sánchez, respondió qué haría con las unidades si el voto ciudadano le favoreciera y encabezara la próxima administración estatal.
La legisladora señaló que su primera acción sería investigar las condiciones en las que fueron adquiridas las 10 camionetas, cuyo costo, de acuerdo con la información difundida públicamente, supera los 56 millones de pesos.
“Lo primero sería investigar la transparencia de su adquisición para conocer cuál fue efectivamente el destino de esa compra, una vez que sean entregadas y se encuentren dentro del proceso de entrega-recepción”, expresó.
Martínez Sánchez sostuvo que, después de revisar la documentación, el uso de los recursos públicos debería orientarse a atender necesidades prioritarias de la población, especialmente en materia de salud y protección de grupos vulnerables.
Entre estas prioridades mencionó la atención a víctimas de trata de personas, un problema que, dijo, persiste en Tlaxcala pese a los intentos por minimizar su presencia.
“Mucho se dice que no hay trata de personas en Tlaxcala, pero sabemos que desafortunadamente es un problema que tenemos en nuestro estado”, afirmó.
También planteó fortalecer la atención médica para pacientes con enfermedades que representan gastos elevados para las familias, ante la falta de consultas, medicamentos e insumos en distintas unidades de salud.
“De mi parte, se estaría destinando a atender las prioridades en salud y trata de personas”, puntualizó, aunque insistió en que primero tendría que conocerse con precisión para qué fueron adquiridas y cómo fueron asignadas las unidades.
“Confío en Tlaxcala y no le debemos nada a nadie”
La diputada panista también cuestionó la necesidad de que servidores públicos cuenten con vehículos blindados o medidas especiales de protección.
Aunque reconoció que ha aumentado la percepción de inseguridad entre la población, consideró que Tlaxcala todavía es una entidad segura y reveló que, en su función como legisladora, no utiliza ningún esquema de protección.
“Considero que Tlaxcala todavía es un estado seguro. Como legisladora no cuento con ninguna medida de protección; primero, porque confío en Tlaxcala y en su gente, y segundo, porque no le debemos nada a nadie”, sentenció.
La adquisición de las camionetas blindadas ha sido cuestionada por distintos sectores debido a su costo, superior a los 56 millones de pesos, y por realizarse en medio del discurso gubernamental de austeridad y de una creciente preocupación ciudadana por la inseguridad.
El destino de estas unidades se ha convertido en una pregunta recurrente para los perfiles que buscan suceder a Lorena Cuéllar en 2027: conservarlas para tareas institucionales, asignarlas a corporaciones de seguridad, venderlas o darles un uso diferente.