Dicen los protocolos que una crisis es una situación adversa que puede dañar severamente la reputación o el prestigio de una persona o institución.
Diversos autores que han escrito sobre el tema, dicen que la reputación no es algo estático, se construye, y por tanto puede mejorar o empeorar, aunque a veces alcanzarla no es una tarea sencilla.
Lorena Cuéllar ganó la gubernatura al ser la más votada en las últimas elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en Tlaxcala y, con ello, el discurso de la reputación y legitimidad.
Sin embargo, han sucedido una serie de eventos recientes con actos de protestas ya dirigidos abiertamente contra ella, y en donde su grupo ha evidenciado su falta de capacidad de operación política y comunicativa.
En la entidad, la mandataria local no requiere utilizar como López Obrador su reputación como instrumento de presión para obligar a otros actores del sistema político a conducirse de la manera que ella quiere, pero sobre todo la opinión pública que considera adecuada o correcta, pues tiene una oposición fragmentada, pero el prestigio se va minando y el poder desgasta.
¿Cuál es la narrativa de la 4T, a punto de llegar a su segundo año de administración?
¿Cómo quiere manejar su reputación la gobernadora?
En la Nueva Historia de Tlaxcala esta narrativa es marchas constantes, bloqueos permanentes de carreteras, anarquía, plantones frente a Palacio de Gobierno, desalojos por la fuerza, y muchas acciones de protesta.
La crisis detonada el pasado 31 de julio por sindicalizados al sitiar y paralizar la capital de Tlaxcala por no estar de acuerdo con la nueva modalidad para recibir atención médica dejó abandonados a su suerte a cientos de automovilistas varados por más de seis o siete horas sin poder llegar a su destino, como rehenes entre un conflicto entre un gobierno y sus trabajadores.
Nadie se preocupó por ellos, inclusive algunos pretendieron por la fuerza reclamar su derecho constitucional de libertad de tránsito, mientras que desde Palacio de Gobierno el silencio era la respuesta.
Nadie desde ese lugar, incluido el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, se atrevió a dar la orden de que no fueran afectados miles de personas con bloqueos carreteros.
El hilo era delgado, si los desalojaban, serían señalados como autoritarios; si los dejaban, serían acusados de débiles, y finalmente la mesa de negociación fue un fracaso, pues era buscar acuerdo sobre algo ya licitado y aprobado y que entró en vigor este 1 de agosto.
Fue patético apreciar al bronco funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, rogar al dirigente no reconocido del 7 de Mayo abrir de forma momentánea la carretera.
«Sabes que es un delito federal, me queda claro que está paralizado Tlaxcala, dame chance de abrir un carril para desfogar el tráfico, si es que vuelven a negociar, en ese momento vuelven a cerrar», expresó.
«Eso nos vale madre, a nosotros nos vale su problema, vayan a protestarle al despacho de la gobernadora, no nos chinguen la vida», dijo un automovilista que ya llevaba más de cinco horas en el bloqueo y tenía que llevar a su hijo menor al médico, y que era el clamor de cientos y cientos, quienes le endosaron la factura a la gobernadora.
Es cierto, nadie pone en duda que el sistema de Pensiones Civiles está quebrado y que había que poner manos a la obra, pues es un problema que data desde hace 20 años. Nunca se vio un esquema de retiro para los trabajadores, incluido desde el sexenio del propio ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya, hoy orgulloso miembro de la cuarta transformación.
Se requieren acciones eficientes y eficaces y que no podríamos afirmar que esta medida no ayudará a ello, porque ni siquiera se ha dado a conocer el alcance de la misma.
Observo dos problemas principales, el primero es la falta de transparencia y rendición de cuentas con que se conduce este gobierno, con una licitación pública hecha al parecer en lo oscurito, siendo que, a decir de los manifestantes, afecta de manera severa sus prestaciones laborales, en materia de servicios de salud.; la opacidad con que se ha manejado genera suspicacias respecto a la posibilidad de que signifique jugosos negocios para algunos tomadores de decisiones.
El segundo problema es la falta de voluntad de diálogo por parte de la gobernadora y su equipo; hoy no se observa la necesidad de generar consensos y construir acuerdos con los grupos afectados, quizá porque sientan que la legitimidad en las urnas los libera de ello.
Hoy se aplica una política de “no los veo, ni los oigo”, no se tienden puentes de comunicación real con la población, le apuestan al silencio como respuesta y a que los inconformes terminarán cansándose y desistirán de sus protestas.
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La CAMINERA...EL BOICOT…De no haber respuesta, la amenaza de bloquear el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023, en Tlaxcala, advierten que escalará, lo que dará una imagen negativa ante los ojos del mundo.
La duda:
Si para el gobierno local el nuevo modelo planteado para que los servicios de salud a los trabajadores del Estado sean prestados por un particular resulta novedoso y con ello se combate a la corruptos, por qué no recibió la máxima publicidad como el mundial de Voleibol de playa, que hasta en la sopa te aparece.
No sabemos si resultará positivo o negativo, lo que si es que faltaron mecanismos de socialización de la información, y no solo una apresurada rueda de prensa y un escueto boletín de prensa, que evitaran una crisis.
Deben entender que Gobernar es comunicar, y comunicar es gobernar.
Cuando un gobierno se comunica de forma eficaz y eficiente, no solo logra contener los ánimos de los ciudadanos, sino que logra convertirlos en aliados de sus políticas y estrategias.
Y aquí se supone que debería ser más sencillo, pues son sus trabajadores.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS..¿El rostro de la represión? La forma es fondo…Desde el interior del gobierno estatal hay voces eufóricas que celebraban el fin de semana que con este nuevo esquema médico se acabaron los privilegios, y aquellos que temen irse al bote harán hasta lo imposible para que no se sepan sus transas.
La bandera insigne de esa corrupción dicen que fue provocado por el sindicato cuyo agremiado facturó 8 millones de pesos en 10 años.
Inclusive, mediante una conferencia de prensa, el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (SEGOB Tlaxcala) del estado, Miguel Sánchez Ramírez detalló que tras sostener diversas reuniones con los líderes sindicales y atender sus peticiones y demandas se tomó la determinación de realizar una licitación pública nacional para mantener la atención y obtener mayores beneficios.
Tras el análisis a Farmacias de Pensiones se detectaron una serie de irregularidades y un adeudo de casi 100 millones de pesos; por tanto, fue necesario hacer el cambio, que procedió en la licitación pública, la cual la ganó la empresa Operadora de Servicios Médicos ML.
Por lo anterior, el Oficial Mayor de Gobierno negó que se trate de una privatización del servicio, pues se realiza un pago promedió que gastaba el gobierno del estado anualmente en el rubro.
Agregó que iniciaron dos denuncias en contra de particulares, una por fraude que se encuentra asentada en la carpeta de investigación 2168/2022 y otra por abuso de confianza con la carpeta 191/2023.
Pero algo falló, pues las protestas de que no aceptaban ese nuevo esquema desembocó en la crisis ya narrada, y pese al discurso oficial de que sostuvieron diversas reuniones con los líderes sindicales, el reclamo popular de los trabajadores es que el acuerdo fue a sus espaldas y que no tiene su aval, que les fue impuesto discrecionalmente, y porque limita el monto para recibir medicamentos, porque los obliga a acudir a los módulos en caso de emergencias y porque atenta contra el derecho a la salud.
¿Entonces quién miente señor secretario de Gobierno?
Parece que desde la oficinas de la SEGOB se olvidaron de lo principal. Convencer a los derechohabientes o usuarios.
Desde hoy, la gobernadora será perseguida en sus eventos públicos y tendrá que salir por la puerta de atrás, o entre granaderos, luego del fallido intento de interceptarla este martes tras un acto.
Iniciaron un plantón por tiempo indefinido y anunciaron paros intermitentes de labores en dependencias, así como el cierre de vialidades los fines de semana en la ciudad de Tlaxcala. Solo les falta encadenarse y ponerse en huelga de hambre frente al despacho oval.
El tiro está cantado y lo único seguro, es que uno de los dos grupos saldrá derrotado.
Por lo pronto, tarde, pero el mensaje de la gobernadora llegó la madrugada de este miércoles de que no habrá marcha atrás, pues sus granaderos llevaron a cabo el desalojo de los manifestantes que habían instalado sus campamentos frente a Palacio, y con ello se cerró de forma definitiva la puerta del diálogo.
Ahora no solo tiene el rostro de un gobierno indolente, sino INTOLERANTE.
¿Era necesario el uso de la violencia para intentar dispersar a los manifestantes en la madrugada? ¿Por qué apostarle a la confrontación y no a la negociación? ¿En qué le ayudan esas acciones a la gobernadora?
El riesgo es latente, el discurso de la gobernabilidad que tanto pregona la 4T se puede ir al basurero de la historia.
La imagen de un edificio sitiado por granaderos, no corresponde a la narrativa del discurso que habría un antes y un después con la llegada de un nuevo gobierno en Tlaxcala.
